(El Comercio).- “He constatado anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para aligerar la reconstrucción nacional… he decidido disolver temporalmente el Congreso…”, decía el entonces presidente Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992, hace 19 años. Eran las 10 de la noche y no había terminado de hablar cuando decenas de tanques salían a las calles. Pero Fujimori no solo disolvió el Congreso sino que también intervino el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Contraloría General y el Tribunal de Garantías Constitucionales. De esta manera, imponía su denominado Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. Para lograrlo ordenó que las tropas del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea se apostaran en los exteriores de las sedes intervenidas, de los locales de los partidos políticos de oposición, en las calles y en los exteriores de las viviendas de personajes como el entonces presidente del Senado, Felipe Osterling. La mayoría de la población aplaudió las medidas del ‘Chino’. La televisión no transmitía cómo efectivos militares y policías agredían a Osterling, o al decano del Colegio de Abogados, Raúl Ferrero. La población tampoco pudo ver cómo el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Ramírez del Villar, era arrestado en su propio domicilio o cómo el saliente presidente, Alan García, huía por el techo de su vivienda para evitar ser detenido por los militares. La gran mayoría de peruanos ignoraba también la detención arbitraria de dirigentes políticos, sindicales, sociales y periodistas independientes. Fujimori logró convencer a la opinión pública y a la comunidad internacional que el sistema de gobierno no funcionaba; que el Congreso, donde no tenía mayoría, obstaculizaba su labor y que había que reorganizar el Poder Judicial.
QUÉ PASÓ EN “EL COMERCIO”
La noche de ese 5 de abril los medios de comunicación, entre ellos El Comercio, también recibieron “la visita” de los militares que apoyaban el golpe. Alejandro Miró Quesada Cisneros, entonces subdirector, describió así lo ocurrido: “Vine inmediatamente y encontré soldados en la redacción. Decidimos no escribir nada mientras hubiera gente con fusiles en la mano en esa sala”. El oficial encargado de la intervención le dijo que necesitaba verificar la información que iba a publicarse al día siguiente para evitar “malas interpretaciones”. Se le advirtió al oficial que si él movía una coma de lo que se escribía, las notas no saldrían publicadas. Fueron dos días de presencia militar que no afectaron el espíritu democrático de esta casa. “Había que defender la democracia. Nosotros no nos dejamos llevar por el 80% de los limeños que estaba a favor de la disolución del Congreso”, dijo Miró Quesada.
MINISTROS A JUICIO
Quince años después, en el 2007, la Sala Penal Especial Suprema sentenció al Gabinete Ministerial que en su momento avaló el autogolpe. Esta instancia señaló que se trató de un delito que afectó el régimen democrático y el Estado de derecho en el país, y que buscó reemplazar la Constitución de 1979 por una acorde con los intereses de Fujimori. Quien fuera ministro del Interior, Juan Briones Dávila, fue condenado a 10 años de cárcel, la pena mayor. Mientras que Jaime Yoshiyama (hoy miembro de la plancha de la candidata Keiko Fujimori), Carlos Boloña, Absalón Vásquez y Víctor Joy Way, entre otros, a cuatro años de prisión condicional. También Fujimori fue acusado por la fiscalía por este delito, pero al no haber sido uno de los motivos de su extradición de Chile, no podrá ser juzgado por esta causa.
“NO CREO EN LA DEMOCRACIA DE PALABRAS”
Hace dos años, durante su juicio por violación de Derechos Humanos, Fujimori no mostró arrepentimiento por aquella decisión. “Mi línea era el pragmatismo [...] No creo en la democracia de palabras sino en la de acción”, afirmó ante los magistrados que lo condenaron a 25 años de prisión por los casos de Barrios Altos y la Cantuta.
Fuente de información: El Comercio
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