El problema no son las autorizaciones, sino que no debe existir permiso a que las calles sean enrejadas.
Lima, abr. 26 (ANDINA).- Más del 90 por ciento de las rejas instaladas en las calles de Lima Metropolitana carece de autorización e incumplen los requisitos de ley para ser colocadas, lo que complica la evacuación de los vecinos en caso de sismo, así como el traslado de ambulancias y bomberos en caso de emergencia.
Así lo informó hoy la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), al dar los resultados de un estudio que permitió detectar la existencia de mil 263 rejas instaladas en igual número de calles limeñas, de las cuales mil 147 no cuentan con permisos municipales.
“Las rejas que inundan actualmente casi todos distritos de Lima no sólo están en calles, sino también en pasajes, y eso dificulta el libre tránsito y pone en riesgo la vida de las personas”, apuntó el vicepresidente de esa institución, Crisólogo Cáceres.
En conferencia de prensa, desarrollada en la sede de Aspec, explicó que estas barreras metálicas no pueden ser colocadas de forma arbitraria por los vecinos, pues existe una serie de pasos legalmente establecidos para hacerlo.
Para que una reja pueda colocarse -añadió- los municipios exigen que primero se conforme una junta de vecinos, que el 80 por ciento de residentes con automóvil apruebe dicha instalación, además de una inspección de Defensa Civil, la presencia de un vigilante, entre otros requisitos.
“A pesar de ello, grupos vecinales hacen caso omiso a las normas y prefieren vivir encerrados con tal de que su calle sea más segura. Sin embargo, el derecho a la seguridad no debe estar por encima del derecho a la libre circulación de las personas”, comentó Cáceres.
La Molina encabeza lista
Según Aspec, esta situación se observa con mayor frecuencia en el distrito de La Molina con 209 rejas, de las cuales 167 no están autorizadas. Otros distritos en los cuales se advirtió este hecho son: Ate, Barranco, Chorrillos, Jesús María, La Victoria, Cercado de Lima, Lince y Los Olivos.
Figuran también los distritos de Pueblo Libre, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Luis, San Martín de Porres, San Miguel, Santiago de Surco y Surquillo, donde las rejas están cerradas de forma permanente e incluso llevan un candado que impide su apertura.
Aspec advirtió también que algunas personas han tomado de forma indebida atribuciones públicas, tales como colocar letreros con horarios de cierre de las rejas o indicaciones de desvíos hacia otras calles para ingresar a una determinada urbanización.
Además, señaló que en algunos lugares donde se permite el ingreso de visitantes en automóvil se retienen los documentos de los ocupantes del vehículo en una caseta de vigilancia como si se estuviera ingresando a una entidad estatal, cuando en realidad se trata de una vía pública.
La ley de la selva
Cáceres lamentó que la colocación ilegal de estas barreras genere, por ejemplo, que una ambulancia no pueda llegar a tiempo cuando un vecino se encuentra en una emergencia médica, o que el camión cisterna de los bomberos no pueda llegar para sofocar un incendio.
“Así estamos con la ley de la selva. Se han tomado las calles de la ciudad sin medir las consecuencias. Hay rejas hasta en los pasajes, lo que en horas de la noche se convierte en una trampa para la gente, que puede ser emboscada y sufrir asaltos y ataques.”
En ese sentido, el representante de Aspec exhortó a los diferentes municipios de la capital a fiscalizar la colocación indiscriminada de rejas en calles, avenidas, pasajes y urbanizaciones en sus respectivas jurisdicciones, y que retiren aquellas que no están autorizadas.
Durante la presentación de este informe, Obdulia Rodríguez Sánchez, vecina de la urbanización Mayorazgo, señaló que, a pesar del cáncer que padece, no puede transitar por las calles enrejadas ni se permite el ingreso de la ambulancia que arriba para atenderla.
Sostuvo que los vigilantes apostados en algunas de estas rejas tienen la orden expresa de los vecinos de no abrir esas puertas por ningún motivo, “así se esté muriendo alguien”. Tampoco se permite el ingreso de camiones o camionetas con materiales de construcción.
“Alguien que está construyendo en su casa no puede continuar porque no se permite que ingresen los materiales. También, desde que nos han puesto las rejas el camión recolector no puede pasar, y la basura se acopia durante meses cerca de nuestras casas.”
Por su parte, Ivette Rosas, asesora legal de Aspec, manifestó que los municipios, como parte de un procedimiento administrativo, sí pueden retirar las rejas ilegales e incluso sancionar con multas a los responsables vecinales de esta infracción.
Consideró que el argumento de la seguridad que algunos vecinos utilizan para defender la existencia de estas barreras de fierro no tiene sustento, pues los robos y asaltos en las casas y en la vía pública ocurren con rejas o sin ellas. “Siempre la reja debe estar libre para pasar”, remarcó.
Requisitos
Según la Ordenanza 690 de la municipalidad de Lima, para solicitar el permiso a fin de colocar elementos de seguridad, la agrupación deberá estar inscrita previamente y la directiva de la misma será la que asuma la titularidad y responsabilidad directa de las rejas.
La reja, así como la pluma levadiza, deberán permanecer cerradas únicamente cuando se encuentre presente un vigilante, el mismo que permitirá el paso vehicular con la sola manifestación del ciudadano de querer transitar por la vía.
De esta manera, no se podrá pedir ni retener ningún documento o establecer condiciones que restrinjan el libre tránsito, salvo flagrante delito, para lo cual se deberá comunicar en forma inmediata a la Policía Nacional del Perú (PNP) a fin de que proceda según sus atribuciones.
Sin la presencia del vigilante, la reja, tranquera o el elemento de seguridad deberá permanecer abierto necesariamente.
Tratándose de los ingresos peatonales, éstos deberán permanecer abiertos y sin ningún obstáculo que impida el ingreso a las personas.
Fuente de información:
AndinaImágen:
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